La infame valija venezolana con 800.000 dólares para la campaña presidencial argentina así como el descalabro económico generado por la banca privada estadounidense, ofrecen un mensaje contundente: la corrupción, ya sea de gobiernos o grupos privados, en países ricos o pobres, son siempre duras bofetadas al ciudadanos de a pie.

Mientras en las naciones ricas o industrializadas la corrupción está vinculada al sector privado, en las más pobres o subdesarrolladas es incentivada por los poderes del Estado, justamente por quienes deberían combatirla.

La diferencia más peligrosa no radica tanto en la causa de la corrupción sino en cómo son contrarrestadas sus consecuencias. Sobre los casos mencionados, en Estados Unidos existe la credibilidad de que el FBI hará pesquisas profundas para saber si el desbarajuste financiero fue secuela de una burbuja especulativa o si hubo fraude. En Argentina o Venezuela, por el contrario, la percepción pública es que, como habitualmente sucede, nada cambiará. Las cárceles siguen repletas con ladrones de gallinas pero escasas de bandidos de cuello blanco o de funcionarios. La desidia y desconfianza en el sistema no es casual. En muchas naciones no desarrolladas, con pobreza institucional, el Poder Ejecutivo cambia jueces y crea tribunales aduladores. La falta de independencia resquebraja los sistemas de rendición de cuentas, incentiva la impunidad y desprotege al ciudadano. La justicia débil genera un círculo vicioso con mayor corrupción y una cultura sobornable en la que a menudo la deshonestidad se exalta como viveza criolla.

Mientras los líderes del mundo lidiaban en las Naciones Unidas con los objetivos del milenio y la globalización de la crisis económica, Transparencia Internacional publicó el índice de Percepción de la Corrupción. A excepción de Chile y Uruguay que se quedaron en el puesto 23 de 180, a sólo cinco espacios de Estados Unidos, al resto de países latinoamericanos les fue mal. Haití es el tercer país más corrupto del mundo, muy cerca está Venezuela: 158; Ecuador: 151; Paraguay, 138: Honduras: 126; Argentina, 109; Bolivia y Rep. Dominicana empatan en el 102; Guatemala: 96; México 72: El Salvador: 67 y, entre otros, Cuba: 65.

Más allá de las calificaciones, lo alarmante es que un 73 por ciento de los latinoamericanos desconfía en el Poder Judicial o, lo que es peor, lo considera corrupto. Un informe anterior de Transparencia indicaba que una judicatura corrupta está ligada íntimamente al grado de pobreza: hace disminuir el comercio, detiene las inversiones extranjeras y erosiona el crecimiento.

Es probable que en los países ricos el Poder Judicial funcione un poco mejor y proteja al sistema y al contribuyente, por lo que la corrupción es más visible en el sector privado. En EEUU son usuales los titulares que denuncian a los evasores fiscales, así sean personajes de la farándula o millonarios; fraudes al sistema inmobiliario; desfalcos al sistema de salud; robos en el sistema financiero como en el caso Enron; la utilización de la banca para lavar dinero, como el Riggs que camufló las cuentas de Augusto Pinochet; o el incentivo de paraísos fiscales que atraen los dineros espurios de países pobres.

Ese sector privado, más controlado internamente, suele ser "exportador" de corrupción. Hay ejemplos varios sobre cómo las multinacionales han descompuesto al poder político de países más vulnerables. Por citar algunos ejemplos: La United Fruits, luego Chiquita, dejó un tendal en Centroamérica, sobornando a presidentes y hasta motivando golpes de Estado. La IBM sobornó en 1994 a funcionarios del Banco Central argentino para informatizar sin licitaciones, mientras que este año fueron denunciadas la Dole Food Company y Del Monte Fresh Produce por pagar millones de dólares a grupos paramilitares colombianos a cambio de seguridad.

A simple vista se observa que los países pobres necesitan atacar la corrupción por ser motora de inestabilidad democrática e indigencia; mientras que los ricos, deben revisar las laxas regulaciones que guían al sector privado porque, en definitiva, los platos rotos, de una u otra forma, los pagamos los ciudadanos de a pie. Fue deprimente ver el fin de una nueva reunión de Naciones Unidas sin ningún mensaje claro sobre la epidemia de la corrupción, causa principal de la pobreza y la injusticia; pero, más aún, de la desconfianza que nos carcome como sociedad.