Varias veces me he ocupado del llamado paquetazo de leyes inconstitucionales e inconsultas que recién decretó el régimen.
Y habrá que seguir haciéndolo. Mientras uno más profundiza en el análisis de esas nefastas leyes, surgen nuevos elementos para ratificar que las mismas tienen un hilo conductor: la instauración de un sistema castrocomunista en el país. (Si alguien duda de esta última afirmación, simplemente lo invito a revisar el paquete de leyes. Cualquiera que sepa leer y tenga un nivel medio de comprensión, se dará cuenta de que digo una verdad absoluta, sin incurrir en exageración alguna).
¿Qué busca el paquetazo? Muy sencillo, amigos lectores: montar una autocracia al estilo castrista en el país. Las leyes en cuestión apuntan hacia cuatro objetivos básicos: 1) Mayor concentración de poder en el presidente de la República; 2) Mayor control del Estado sobre la actividad privada, reduciéndola al mínimo a través de la planificación centralizada, la estatificación de todo cuanto sea posible (empresas, tierras, inversiones, comunicaciones, etc.) y mayores controles a todos los niveles; 3) Menoscabo del derecho constitucional de propiedad; y 4) Partidización absoluta de la Fuerza Armada Nacional.
Quiero referirme hoy al primer punto. Ciertamente, esa feroz concentración de poder en el actual presidente implica eliminar el proceso de descentralización, regionalización y desconcentración que con tanto éxito se venía desarrollando desde 1989. (En lo personal y como diputado por Barinas del entonces Congreso de la República, me cupo la satisfacción de intervenir activamente en los debates parlamentarios para aprobar la Ley de Elección de Gobernadores y la Ley de Transferencia de Competencias en 1988, entre otros instrumentos jurídicos).
Profundicemos al respecto, amigos lectores. Ya está aprobada, por ejemplo, la Ley de Policía Nacional, que en la práctica elimina la autonomía de las policías regionales y municipales, al colocarlas bajo la suprema autoridad del gobierno nacional, despojando así a gobernadores y alcaldes de su respectiva autoridad sobre ellas. Antes se había producido el proceso de recentralización de las políticas de salud pública, hoy en manos exclusivas del ministerio del ramo. Ahora, mediante el decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, se crean nuevas autoridades civiles y militares, designadas por el presidente de la República, con poderes de decisión en materia presupuestaria y financiera por encima de gobernadores y alcaldes, en abierta violación a la Constitución Nacional que define a Venezuela como «un Estado federal descentralizado» (Artículo 4).
