¿Y ahora qué? * Freddy Superlano

16/07/2017 | 10:20 PM

Escribo estas notas el sábado 15 por la mañana, pues siguiendo pautas de mi amigo Alberto Santeliz, director fundador de este prestigioso diario, el artículo debe ser entregado al menos dos días antes de su publicación. Asumiendo además, que la población venezolana acudió masivamente el día de ayer a manifestar su indeclinable acuerdo respecto a las tres cuestiones de importancia vital, que la Asamblea Nacional, jurídicamente facultada para ello, le consultó a los fines de conferirle legalidad al conjunto de acciones que se emprenderán para devolverle la normalidad constitucional y social a la República.

Entonces, pues: ¿Qué hacer ahora?

La respuesta es única y decisoria a la vez. El pueblo en sentido abstracto, cada uno de nosotros en lo concreto, debe asumir de manera plena e irrevocable el compromiso que se desprende de la realización de la consulta electoral. Cada venezolano, sin importar su condición social, edad o sexo; allí donde vive: urbanización, barrio, caserío o aldea, debe emprender acciones que tengan por propósito el restablecimiento de la legalidad en el país.

Hemos decidido declarar írrita el llamado a elegir una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Nicolás Maduro, por cuanto esta obedece a un procedimiento el cual colide con las normas prescritas en la Constitución para tal fin. En consecuencia, debemos desconocerla, además, restarle todo tipo de vigencia a las decisiones emanadas de ella. El ordenamiento jurídico que regula nuestra vida como individuo y sociedad está contenido en la Constitución vigente, aprobada vía referendo por el pueblo en 1999. No hay de otra. Cualquier intento en contrario, es ilegal carente de todo tipo de juridicidad, siendo un deber todo ciudadano denunciarlo y desconocerlo.

Las Fuerzas Armadas Nacionales deben acatar el mandato dado por el pueblo. Deben ceñirse a lo dispuesto en la constitución nacional. No es procedente que actúen como ente sumiso al Gobierno, y menos aún, al partido de Gobierno. Son los depositarios de las armas de la República. La transparencia, imparcialidad e idoneidad en las áreas que son de su competencia no debe dejar dudas de ningún tipo. Constituir soporte principalísimo de un régimen delincuente y violador de los derechos humanos más fundamentales tiene que cesar. Es lo que le ordena a todo el estamento militar el pueblo en la consulta electoral realizada ayer domingo. Los cuadros medios y parte de la alta oficialidad no comprometida con hechos de corrupción y crímenes de lesa humanidad, están en el deber de devolverle la majestad y el prestigio perdido a nuestra otrora gloriosa Fuerzas Armadas.

La Asamblea Nacional, ahora fortificada legal, política y moralmente por medio del mandato popular recibido, debe proceder de inmediato a nombrar todos los representantes de los poderes públicos, conformar un gobierno de unidad nacional para enfrentar la crisis histórica que nos ha sumido en situación de mísera colectiva y organizar unas elecciones libres, democráticas, en las que por votación universal, directa y secreta elijamos desde el presidente de la República hasta el último concejal del país.

Los artículos 350 y 333 de la Constitución Nacional cobran vida propia desde este momento. El pueblo en uso de atribuciones que son intransferibles tiene que hacer valer lo aprobado ayer domingo 16 de julio. El desconocimiento al régimen madurista, el apoyo activo a todas las acciones que en lo sucesivo emprenderá la Asamblea Nacional, el mantener viva la calle mediante jornadas de protesta en clara irreverencia ante unas instituciones que has usurpado la soberanía del pueblo deben constituir razón y ser de todas las actuaciones de la ciudadanía. Apegado a la Constitución vigente nos declaramos en desobediencia civil. Ceñidos a la Constitución Nacional abrazamos el deber de luchar sin descanso por el restablecimiento de la legalidad y la justicia en el país.

Si los venezolanos de buena voluntad, que somos la inmensa mayoría, asumimos la defensa activa de la democracia, no tengo dudas que desalojaremos a esta camarilla de hampones que han convertido al tesoro nacional en la caja chica que financia sus desmanes y fechorías. Esta es la tarea pendiente después de la jornada cívica-electoral que la nación protagonizó el día de ayer. Un paso más en la dirección correcta para entronizar un gobierno que se fundamenta en la ley y respete la ley. La Asamblea Nacional al convocar la consulta popular definió la hoja de ruta para salir de este oprobioso Gobierno. El pueblo la aprobó ayer domingo 16. Nos toca ahora ejecutarla. Manos a la obra, pues.

 

 



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